Los auditores se movilizan contra su Ley
Hubo un tiempo en el que cuando un empresario aseguraba que llevaba cuarenta años con «su» auditor era casi como mostrar un documento firmado ante notario que reconocía la pulcritud de sus cuentas y la seriedad de su compañía. Pero tras varios años de dura crisis, un rosario de escándalos y fiascos empresariales y 60.000 millones de euros públicos destinados a apuntalar el sistema financiero, poco o nada queda ya de esta honra. En el torbellino de la recesión, los auditores se han visto señalados como parte del problema y el Gobierno, por su parte, se ha marcado como objetivo adaptar antes de que termine la legislatura la ley española que regula al sector a la norma comunitaria.
Una mezcla de variables técnicas, prisas e intenciones políticas que ha dado como resultado un cóctel explosivo. El proyecto de Ley de Auditoría llega ahora al Congreso con los ánimos del sector al rojo vivo y las esperanzas puestas en que las enmiendas introduzcan algunas modificaciones «técnicas» que los profesionales consideran «fundamentales» para que la ley «sencillamente pueda cumplirse». Las llamadas «big four» han comenzado a cerrar ya reuniones con los grupos parlamentarios para explicar su posición antes de que el próximo martes 17 expire el plazo de presentación de enmiendas. Se avecina, pues, una semana clave.
Mario Alonso, presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, asociación que aglutina a la mayoría de las firmas de la profesión auditora, asegura que afrontan las reuniones con tres objetivos en mente: «Sólo queremos que la nueva legislación se pueda cumplir, esté alineada con Europa e incluya las consideraciones que hizo el Consejo de Estado al borrador». La visión es totalmente opuesta desde la perspectiva del Gobierno. «No es una ley que nos hayamos inventado nosotros, nació en Europa fruto de una intensa reflexión», asegura Ana María Martínez-Pina, presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, supervisor y regulador del sector de auditoría.
Falta de diálogo
La falta de diálogo con el Ejecutivo es el reproche más común al preguntar a los profesionales del sector acerca de cómo se ha desarrollado la nueva Ley. El socio de una de las grandes firmas que prefiere mantener el anonimato explica que «tan sólo hubo una reunión con el Gobierno y, en realidad, sólo buscaba la apariencia de diálogo. En la mayor parte de Europa, sin embargo, se están constituyendo grupos de trabajo con la profesión. No hay que olvidar que es una ley de carácter técnico y su aprobación ha sido muy atropellada».
De nuevo, Martínez-Pina niega la mayor: «No ha habido precipitación. Europa aprobó la norma en junio de 2014 y a finales de ese mismo mes tuvimos el primer encuentro con el sector. A partir de entonces ha habido varios borradores que siempre hemos compartido con los profesionales. Todos los comentarios que nos han hecho se han analizado, aunque algunos no se hayan incluido».
Como fuere, la propia Comisión Europea aún debe aclarar varias dudas que surgen a los expertos en el Reglamento Europeo y la normativa no debe entrar en vigor hasta 2016. «Sin embargo, el proyecto de Ley que salió del consejo de ministros no se hizo eco de las principales observaciones realizadas por el Consejo de Estado que, de hecho, publicó su dictamen sólo un día antes que el Ejecutivo aprobara el documento», asegura el auditor.
Pero la verdadera polémica en torno a la ley -que ha conseguido unir a toda la profesión en su contra- llega con la redacción. Según la Comisión Europea, la nueva regulación «tiene como objetivo abrir el mercado a nuevas empresas de auditoría e incrementar la transparencia», fines con los que el sector asegura sentirse identificado. Aumentar la independencia de las firmas es el principal caballo de batalla de Europa y el «leit motiv» de la nueva legislación. Y de esta idea, precisamente, nace la cuestión más política del texto.
Sistema de rotación obligatorio
En aras de eliminar posibles «vicios» derivados de relaciones consolidadas entre las empresas y los auditores, Europa introduce un sistema de rotación obligatoria para las grandes compañías, que tendrán que cambiar de firma auditora cada diez años, aunque este plazo podría ampliarse hasta 24 con determinadas condiciones. Estos son unos plazos máximos que después cada país miembro puede endurecer, como ha hecho el Gobierno español. En nuestro país se ha fijado el plazo máximo en diez años, con posibilidad de seguir cuatro más bajo ciertas condiciones. «Se trata de evitar una excesiva familiaridad entre la firma auditora y la empresa», explica Martínez-Pina.
Que el cambio de auditor garantice una mayor fiabilidad de las cuentas es una premisa que tiene defensores, aunque también enemigos. «Pero en el sector no lo cuestionamos, sólo pedimos que se haga en línea con el resto de Europa y que se amplíen las extensiones», asegura Alonso. Hasta ahora, en España se debía cambiar de socio auditor cada siete años, pero se podía seguir con la misma compañía de manera indefinida, de modo que el cambio afecta de lleno a las principales empresas nacionales. De hecho, de las 30.000 empresas afectadas en toda Europa por estos cambios normativos, 10.000 están en España. Y esto es así porque la obligación de ser auditadas, que en el conjunto de Europa está establecida para bancos, compañías de seguros y empresas cotizadas, en España se extiende a todos los grupos que facturan más de 200 millones de euros o tienen más de 1.000 empleados.
Aquí surge el principal motivo de preocupación de los auditores. Y es que la rotación sólo es obligatoria para las llamadas «entidades de interés público». Un concepto que básicamente divide en dos el mundo de la auditoría. Las empresas que son entidades de interés público se rigen por unas normas, mucho más estrictas que aquellas que no lo son. Actualmente, España tiene más de 8.000 entidades de interés público, frente a las menos de 800 de Alemania. «Algo no está bien cuando un tercio de las entidades de interés público de nuestro país están en España. Ojalá fuera así, pero la mayor parte de las empresas españolas son pymes», asegura Alonso. De hecho, modificar la definición de este concepto para acotar el número de entidades será la prioridad de los auditores en sus reuniones de esta semana con los grupos parlamentarios.
Distorsión en el mercado
Los profesionales afirman que un número tan elevado genera una gran distorsión del mercado y expulsa a pequeñas auditoras, que no pueden ofrecer todos los servicios que exige la norma. Además, encarece los costes de empresas que, por ejemplo, se ven obligadas a crear un comité de auditoría, y los del propio ICAC, que se financia con una tasa que pagan las firmas auditoras por cada informe de auditoría.
«Es cierto que España es el país que tiene más entidades de interés público de Europa, es una realidad heredada de la anterior normativa. Nuestra intención es acotar la definición en el desarrollo del reglamento de la nueva ley», asegura Martínez-Pina. Economía considera entidades de interés público a bancos, aseguradoras y cotizadas (incluidas las que operan en el Mercado Alternativo Bursátil) entre otras ya vigentes como instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones y sociedades de garantía recíproca.
MAB
Una vez más, el «quid» está en la letra pequeña. El MAB está dividido en dos: el segmento de empresas en expansión (que sería en caso de Gowex) y los vehículos de inversión (Socimis, entidades de riesgo...). Los auditores abogan por excluir a estas últimas y mantener las exigencias sólo para las primeras. Un punto con el que sí parece haber sintonía con el Gobierno. «Estamos abiertos a revisar la inclusión de los vehículos de inversión pero antes debemos conocer la opinión de sus reguladores», reconoce Martínez-Pina. La otra arista que el sector quiere limar es la inclusión por cuestión de tamaño. Actualmente se consideran entidades de interés público las empresas con más de 1.000 empleados o que su facturación supera los 200 millones de euros. Los auditores abogan eliminar cualquier tipo de filtro por tamaño, aunque Martínez-Pina se muestra más abierta a «elevar los umbrales», que sí reconoce demasiado bajos.
Lograr la independencia del ICAC, organismo autónomo pero adscrito al Ministerio de Economía, es otro gran caballo de batalla de la profesión auditora, que lo reclama con la justificación de que así lo recomendó el Consejo de Estado. Martínez-Pina no encuentra motivo alguno para modificar la actual estructura: «No ha habido ninguna injerencia política en todo el tiempo que he sido presidenta», afirma. La polémica está servida.
Fuente: ABC
